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Se cumplieron 4 años desde el ingreso del proyecto de Ley que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones. Una estimación indica que, las compañías han indicado que su demanda es de cerca de 5 mil nuevas antenas. En el último período, se han cursado unas 3 mil solicitudes para su localización.
Con nuevas bandas de operación disponibles, se abre más competencia para el sector de telefonía celular. A las empresas Entel PCS, Movistar y Claro, se sumaron VTR y Nextel, como proveedoras de telefonía móvil.
Este crecimiento de telefonía móvil implica externalidades positivas, pero también negativas. Sin lugar a dudas, mayor competencia en el mercado de la telefonía celular, puede traer expectativas ante una posible rebaja de las tarifas. También significa entre otras materias, nuevas locaciones para la instalación de antenas celulares. Por razones de servicios y oferta a sus clientes las empresas de telefonía deben ubicar los terrenos para la instalación de sus torres, ya que –hasta donde sabemos- las empresas no están dispuestas hoy, ha compartir su infraestructura.
Lo anterior, ha generado una serie de recurrentes conflictos con la comunidad, por la opinión de no tener una torre a pocos metros de sus viviendas.
Sólo en nuestra comuna de La Reina, los intentos de emplazamiento de antenas en Av. Larraín, Av. Príncipe de Gales y calle Nuncio Laghi, generó el malestar de la comunidad y movilizaciones de 2 meses de duración, sumado a otras denuncias de vecinos.
En este panorama la Presidencia de la República, le otorgó urgencia a este polémico proyecto de Ley (diciembre 2010).
Cabe recordar que el impacto visual y el daño a la plusvalía de las viviendas cercanas de estas estructuras es innegable. En días recientes, se publicó en un diario de circulación nacional que la tasación de casas y el valor de una propiedad declinaba según la distancia en relación a una antena celular. En edificios los precios pueden bajar hasta un 25% y en casas hasta un 30% (ref. El Mercurio, en “Economía y Negocios”, domingo 15 de mayo).
También los posibles y debatibles efectos sobre la salud de las personas, implicó, entre múltiples factores que en abril del año 2007 se iniciara el trámite de este proyecto de Ley en el Congreso, que se propone regular la instalación de torres y antenas de celulares. A la fecha, nada concreto aún.
Sin embargo, es relevante señalar algunas indicaciones en esta materia que debemos defender y monitorear. Por ejemplo, la ley –de ser aprobada- exigirá a la solicitud de permiso, la existencia de un estudio de arquitectura y de ingenieros revisores de cálculos estructurales. Lo anterior, con el propósito de presentar un proyecto arquitectónico que establezca parámetros de diseño destinados a minimizar el impacto urbanístico. También, que el concesionario deberá obtener no sólo la autorización del propietario del terreno donde se emplazará la estructura, sino también la autorización de los vecinos que sean afectados. Uno de los ámbitos más polémicos es establecer una distancia mínima de la torre respecto de los deslindes de los predios de los vecinos, estimada en a lo menos un tercio de la altura total de la antena.
Además, los concesionarios deberán privilegiar como lugares de emplazamiento los espacios de uso público y edificaciones existentes, tema que debe ser precisado. Sumado a lo anterior, se promueve, la “co-localización” de las antenas para que diferentes empresas y servicios optimicen la instalación de la estructura.
Se ha insistido en que una condición previa a la localización será tener un informe técnico que indique los niveles del campo electromagnético. La controversia, por los efectos nocivos de las ondas electromagnéticas emanadas de estas estructuras aún no está zanjada, por lo que se postula apoyar un fondo concursable para investigar el impacto de los sistemas radiantes de telecomunicaciones en la población.
Una aspecto que hemos solicitado en varias oportunidades como Concejales y que se podría avanzar previo a la Ley, es la existencia de un portal informativo con el detalle de las antenas instaladas en las comunas, el estado de tramitación, el proceso de autorización, y los niveles de radiación. Nada de esto tampoco ha ocurrido.
Las ciudades y sus barrios están colonizadas de antenas celulares. Algunas imperceptibles o camufladas. Su impacto visual y estético es evidente, como la maraña de cables que van de poste a poste, y que en otoño son el marco para que el arbolado urbano sea mutilado con el supuesto de otorgar mayor seguridad del cableado aéreo.
No negamos que las antenas celulares son necesarias para una sociedad que necesita de mayores y mejores medios de comunicación. Sin embargo, el acceso a bienes y oportunidades de desarrollo requiere de medidas que protejan a los ciudadanos y contribuyentes, sus estilos de vida, su paisaje y entorno urbano.
El Parlamento está en deuda y no puede dilatar más, un proyecto de Ley que cumplió 4 años de tramitación. A la vez, contribuirá a que no se sigan dilapidando y cortando cientos de bosques para aportar en tanta papelería que van y vienen en las discusiones legislativas.
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