por Francisco Olea
En el uso del concepto de políticas públicas, existen legítimas diferencias. También, en algunas ocasiones imprecisiones significativas.
Eugenio Lahera señaló que en términos estrictos, las políticas públicas son diferentes a otros instrumentos de uso habitual en el sector público, como son las leyes, metas ministeriales, prácticas administrativas y las partidas o glosas presupuestarias.
Añadía este autor que, “la política pública corresponde a cursos de acción y flujos de información relacionados con un objeto público definido en forma democrática, los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado. Una política pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados”. Una consideración importante, es la referida a que no todo lo que hace o desarrolla un gobierno es política pública.
En nuestro país, las responsabilidades de la política pública han estado centradas básicamente en el gobierno (predominantemente estatales), cuya dimensión ha ejercido funciones de diseño, financiamiento, recaudación y supervisión de acciones dirigidas desde los ministerios, servicios y agencias gubernamentales.
En este contexto y frente a los desafíos del futuro en materia de derechos y desarrollo humano, equidad y crecimiento económico, CEPAL inicio hace años una línea de innovación y corrección de las definiciones gruesas en materia de políticas públicas. Esta postuló que, es necesario concebir la política pública en forma más integrada, de modo que se conjuguen los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia en forma acorde, como asimismo superar la visión de centralidad estatal. Recomendaba además que, la política pública debe reunir y expresar el conjunto de objetivos, normas y sistemas por medio del cual la sociedad se compromete a garantizar los derechos sociales, económicos y culturales, crear capacidades y oportunidades para que las personas mejoren sus vidas, cuente con mayor libertad e influyan en las decisiones que las afectan.
Complementariamente, otros autores como Manuel Castells indican que, “el mundo empresarial está demostrando una responsabilidad social mucho mayor de lo que la gente piensa, por otra parte, se tiende a considerar a las ONGs como organizaciones Neo-Gubernamentales, en lugar de No-Gubernamentales, porque en muchos casos están directamente o indirectamente subvencionadas por los gobiernos y, en último término representan una forma de descentralización política en lugar de una forma alternativa de democracia”.
En el ciclo que se cierra y un escenario que se abre, aprender de las lecciones del año 2012 y de las posibles tendencias del 2013 permitirá –quizás- un nexo entre las significativas esferas público-privado. Lo anterior considerando que, las políticas públicas en el último año, han tenido un diálogo discontinuo y con un déficit evidente de consenso de estos dos universos claves para el desarrollo. Los ejemplos abundan.
Finalmente, esta convergencia puede construir cierto sentido de pertenencia para una nueva ciudadanía y una mayor predisposición a estándares y escalas de bienestar. A la vez, promover relaciones más virtuosas entre la participación de la sociedad, la orientación de la economía y las nuevas dinámicas del mercado. Por cierto, un desafío siempre riesgoso.
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