/ La Nación Domingo Por Francisco Olea Lagos
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Le refresco la memoria, en forma breve, para ir luego al contenido de una cuestión que nos atañe a todos. El programa de gobierno de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, comprometió crear un ministerio del medio ambiente. Se indicó en esa oportunidad que “nuestra nueva política ambiental requiere una institucionalidad a tono con los tiempos. Necesitamos una institución pública que tenga la debida autonomía, recursos y jerarquía política para llevar adelante esta tarea”.
En días recientes, y luego de irritantes dolores de cabeza, el Parlamento avanzó en la creación de un ministerio del medio ambiente, una arquitectura institucional que permitirá elaborar políticas ambientales de manera exclusiva y un consejo de ministros para la sustentabilidad con el propósito de garantizar la transversalidad del tema medioambiental; en su seno se analizará y debatirá sobre las políticas medioambientales y se resolverá el contenido de la regulación ambiental y, lo más relevante, sin tener competencias de dirección superior sobre el Ministerio de Medio Ambiente.
Este dispositivo institucional considera además un Servicio de Evaluación Ambiental, instancia a cargo de administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); una Superintendencia del Medio Ambiente, cuya misión será fiscalizar el cumplimiento de los cuatro instrumentos de gestión ambiental, en particular: Resoluciones de Calificación Ambiental, Planes de Prevención y/o Descontaminación, Normas Ambientales y Planes de Manejo.
Pero tal vez podemos entender mejor el todo yendo por partes y centrándonos en este “hecho memorable” para el bicentenario. El año 1994 se creo la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que definió para nuestro país las primeras orientaciones sobre la preservación de la flora y fauna. Hoy la institucionalidad ambiental anunciada da un salto significativo en esferas institucionales, de normas y de contenidos sustentables para las actuales y futuras generaciones.
El proyecto de ley asigna multas escalonadas de acuerdo a la magnitud del daño y la reincidencia de posibles proyectos o acciones de alto impacto en el entorno. Así también, los recursos humanos responsables de la gestión y fiscalización ambiental serán seleccionados por el sistema de Alta Dirección Pública, lo que puede garantizar un perfil técnico e idoneidad para estos importantes cargos públicos.
La nueva institucionalidad ambiental garantizará la entrega de un informe sobre el panorama de la calidad del medio ambiente nacional y regional. Cada cuatro años ese informe será de carácter comunal, lo que significará incorporar a los municipios en un compromiso a escala local y más cerca de la ciudadanía. Así entonces los contribuyentes conocerán los impactos y externalidades de polémicos megaproyectos como la planta de gas en los límites de La Reina y Peñalolén o las verdaderas implicancias sobre la hidroeléctrica Alto Maipo en San José de Maipo.
Queda pendiente enviar un proyecto de ley para crear el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que obliga a un rediseño de la Conaf, asimismo medidas sobre algunos aspectos vitales sobre la Ley de Bosque Nativo, la reglamentación y el control del uso de la leña, y áreas no clarificadas sobre el posible uso de energía nuclear. Sin embargo, lo que está pasando en relación al cambio climático, sus consecuencias múltiples y sobrecogedoras, la reducción de fajas forestales, la contaminación de las aguas continentales y oceánicas, y el efecto invernadero señalan que debemos valorar el estado de avance en materia legislativa y la creación de este esperado Ministerio del Medio Ambiente. Un proyecto inacabado, un grito de batalla que llama a promover el cuidado, mantención y protección del ecosistema sobre “una verdad incómoda” que la señora ministra Ana Lya Uriarte ha llevado adelante.
Finalmente, a semanas que se inicie la cumbre europea sobre cambio climático en Copenhague, Dinamarca, todo el esfuerzo desarrollado y consenso parlamentario alcanzado en nuestro país implican consideraciones prácticas, como el hecho de garantizar que las normas y compromisos ambientales se cumplan de manera estricta. Vaya desafío.
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